El Detroit Institute of Arts con el agua al cuello

Muchas veces he insistido en las previsibles consecuencias que seguramente tendrá en los museos; en alguna ocasión, incluso, he ironizado con la posibilidad de que éstos vendan sus obras para conseguir los fondos necesarios para sanear sus cuentas. Naturalmente, cuando me expresaba así tenía en mente el sistema museístico europeo, porque me parecía una obviedad que en un modelo más “americanizado” —en los museos de fundaciones privadas— esa opción era obvia, tal y como ya había sucedido con la Fundación Warhol. Ayer mismo, BBC Mundo se hacía eco del previsible conflicto —multidireccional— que podría ocasionar la venta de los murales realizados por Diego Rivera para el Instituto de Arte de Detroit.

Al parecer, los gestores municipales de Detroit estarían haciendo cábalas para encontrar el modo de hacer frente a una deuda municipal de 18 millones de dólares y para ello habrían encargado a Christie’s realizar un peritaje sobre las 60.000 obras atesoradas. Al filo de este asunto, poco después de que el propio museo hiciera pública su declaración de intenciones, Roberta Smith ofrecía una reflexión pública en las páginas del New York Times sobre la nueva situación que, de hecho, implicaba una crítica radical a los planteamientos de la estructura museística norteamericana. Entre los datos más relevantes, recogía el juicio del fiscal general de Michigan, Bill Schuette quien había manifestado que la venta de obras de arte con ese fin no sería legal (sólo se admite la venta de obras para conseguir fondos que enriquezcan la colección). Y también aludía a la polémica generada en torno a una cuestión vieja en Europa. ¿A quién pertenece el arte? Desde esa reflexión nació la legislación que, sobre todo, en Europa, establecía y aún determina límites a los derechos de propiedad.
Pero sobre todo y en este caso concreto, la cuestión para Roberta Smith sería a quién pertenece un arte que se ha coleccionado con el apoyo frecuente de recursos sociales (subvenciones, desgravaciones, etc.). En el Instituto de Detroit, el asunto es especialmente difuso porque en su historia se han acumulado acuerdos y decisiones que lo convirtieron, de hecho, en una entidad híbrida, a medio camino entre lo público y lo privado. Y culminaba con una observación de esas que construyen los fundamentos sociales aunque se olviden con frecuencia en tiempos de vorágine liberal: que la ciudad, como el Instituto, existen para el beneficio de los habitantes de Detroit, el estado de Michigan y la región y que, por lo tanto, no se puede hablar de ejercer las posibilidades derivadas del derecho de propiedad, sino sobre las servidumbres impuestas por  la obligación de administrar.
Ahora que las Comunidades Autonómicas españolas, por influjo del modelo liberal dominante, están "reajustando" los principios sobre los que se construyeron leyes como la Ley del Patrimonio Histórico Español, cada vez menos operativa, acaso debiéramos prepararnos para que lo imaginado como absurdo no derive en realidad penosa. No sería la primera vez.