domingo, 6 de junio de 2010

Turismo cultural

Me llega la noticia de que el Gobierno ha presentado un plan de promoción internacional del turismo cultural... Acudo a la fuente directa para informarme sin filtros tendenciosos. Mal comenzamos. El texto del plan está redactado en los siguientes términos:

"INTRODUCCIÓN. Las culturas de España constituyen una de las grandes culturas del mundo".
Sí, señor, el gobierno del señor Zapatero insiste en el espíritu de Millán Astray. Debe haberlo redactado la famosa directora de cine...
Y continúa repitiendo los tópicos mil veces impresos en los viejos manuales de Formación del Espíritu Nacional. Todo para justificar la acción de Segittur, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas... El objetivo: promover una campaña de imagen de gran alcance mediante recursos informáticos y promociones de diversa naturaleza.
Una manera como cualquier otra de tirar el dinero a la basura: la promoción no va a remover ninguna de las dificultades que tiene ese sector para ser más operativo, más competitivo. Debido a la estructura de nuestro Estado, la gestión cultural corresponde en un noventa por ciento a los gobiernos regionales, que la aplican con fórmulas y criterios muy variados. En el País Vasco, Cataluña, Navarra y La Rioja la gestión es ejemplar. En el resto de España, tal y como se pude seguir en los ejemplos citados en este blog, la situación es muy irregluar; en algunas regiones, sencillamente, patética. Me pregunto qué sentido tiene animar a un ciudadano neoyorkino a visitar el románico segoviano si cuando llegue se encuentra la mitad de las iglesias cerradas y la otra mitad ocupadas por feligreses piadosos. Peor lo tendrían quienes pretendieran llegar hasta san Cebrián de Mazote, mediante una carretera infernal; o quienes desearan ver la excepcional ermita de Quintanilla de las Viñas, especialmente difícil de encontrar abierta...
Me pregunto si no sería más oportuno "hacer lo necesario" y, sobre todo, combatir radicalmente las acciones arbitrarias de las autoridades eclesiásticas y, de acuerdo con la ley, poner en marcha los mecanismos administrativos necesarios para expropiar los edificios de interés cultural mal atendidos o abandonados.

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