lunes, 27 de febrero de 2012

Un magnífico negocio: El tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes.


Aunque se le conoce como el tesoro del Odyssey, acaso ya sea oportuno cambiar el chip y categorizar los términos de acuerdo con el interés general y recordar las circunstancias históricas que rodearon el hundimiento de la fragata española, preludio de un conflicto en el que España puso las víctimas y Francia e Inglaterra las armas. La fragata Nuestra Señora de las Mercedes fue hundida junto a la bahía de Cádiz,  en la batalla del cabo de Santa María (1804), cuando navegaba con 17 toneladas de oro y plata extraídos en Perú.
En 2007, en un contexto de protección arqueológica dominada en España por la indolencia,  la empresa "caza-tesoros" Odyssey Marine Exploration localizó el pecio, extrajo lo que había de "valor", lo condujo a Gibraltar y desde allí a USA, antes de que las autoridades españolas tuvieran tiempo de reaccionar...
Años después, las autoridades judiciales norteamericanas tomaban partido por los intereses del Estado español; Odyssey impugnó la primera sentencia... La última y definitiva del Tribunal Supremo norteamericano resolvió que lo extraído de la fragata pertenecía a España.


Con el reciente fallo de los tribunales norteamericanos pueden haber cambiado radicalmente las circunstancias que rodean a la arqueología subacuática y, tal vez, a su protección:
"La sentencia del tribunal de Atlanta , dando la razón al Estado Español, sienta un precedente jurídico que hará más difícil la actuación de las empresas cazatesoros en aguas internacionales, al haber antepuesto en la sentencia el estado del pabellón del barco sobre su situación en dichas aguas. De esta forma, queda realzado el verdadero valor del yacimiento en su conjunto, histórico en relación con su estado de pabellón, sobre el valor puramente material de la mercancía del pecio". (ARQUA)
Desde la sentencia de los tribunales norteamericanos desaparece el "espacio legal" para los caza-tesoros. A partir de ahora, esas empresas deberán sumarse a quienes practican el expolio de los yacimientos submarinos al margen de la ley... Y en condiciones de crisis económica no es previsible que las autoridades españolas inviertan más en luchar contra esa lacra que, con frecuencia, toma la forma de entretenimiento para pijos (submarinismo con fines de expolio). Paradójicamente,  la pasividad institucional podrá ofrecerse como fórmula sensible a ciertas corrientes arqueológicas, que apuestan por dejar los pecios en su sitio, sin tomar otras medidas que las de protección.
Hace unos días, mientras visitábamos el Museo de Arqueología Subacuática de Cartagena, alguien lanzó a la persona que lo explicaba varias preguntas con aroma provocador:
—¿Hay otro museo de arqueología subacuática en España?
—No —respondió lacónicamente (existen varios centros de investigación subacuática).
—¿Qué relación han tenido los investigadores de este museo con las gestiones realizadas por la administración española en el asunto Odyssey?
—Ninguna —dijo tajante delante de la reconstrucción de un pecio fenicio.


Parece estúpido que las autoridades políticas no hayan recurrido hasta ahora a esos especialistas, cuando menos por razones prácticas, para cumplir una norma fundamental de la acción administrativa: aprovechar los recursos disponibles. Sin embargo, tiene cierto sentido la marginación de los miembros del museo de Cartagena porque, en las circunstancias actuales, saqueado el pecio hace tantos años, ya no existe problema arqueológico y  la cuestión técnica es simple: recuperar un  "tesoro". Y para eso sirve cualquier conservador sensato.
Ahora sólo queda el epílogo: repartir colecciones de monedas, a modo de botín, entre los museos españoles... Algo le caerá al Museo de Cartagena... ¡Seguro!
Ignoro cuánto habrán cobrado los abogados norteamericanos que han defendido los intereses del Estado español, pero parece que la recuperación del tesoro de la fragata ha sido un buen negocio...  Y, puestos a hablar de negocios, cumplido el reparto entre los museos españoles, las monedas restantes se podrían emplear para aplicar comisiones entre los acreditados miembros de entidades sin ánimo de lucro.

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