martes, 14 de enero de 2014

Sobre legislación prohibitiva, imposición de creencias y ley del aborto.

Por aka Charly

El propósito de este artículo, no es estrictamente el de defender o penalizar el aborto. Más bien,  la idea es reflexionar ante el continuo carácter prohibitivo de las leyes que este gobierno está imponiendo, tomando como ejemplo la Ley del Aborto.
En lo que llevamos de legislatura, hemos asistido de forma continua a una coerción de derechos a través de leyes prohibitiva, que en lugar de buscar un lugar de consenso común su principal objetivo es la eliminación de derechos completamente constitucionales y esenciales, desde mi punto de vista. No es de extrañar que muchos otros compartan mi visión sobre la nueva ley de seguridad ciudadana que restringe cada vez más los derechos de información y libre expresión.
Las justificaciones que emplea el actual gobierno, pasan por criminalizar a la población y sus conductas, criminalizando a la mayoría de los ciudadanos, para seguir defendiendo, como viene siendo habitual en este país los intereses –que no derechos- de unos pocos. Este desengreído y descarado objetivo, que comúnmente oímos como heredero del franquismo, se remonta unos cuantos siglos en nuestra historia. Ya desde la época del colonialismo, Alfonso XII, la industrialización y las Repúblicas en España, los continuos enfrentamientos sociales tenían como causa la defensa o eliminación de los intereses de los terratenientes, militares y el clero, o una actitud en pro de eliminar estos privilegios y lograr una mayor equidad entre las clases. Los continuos conflictos de la segunda República, tenían su origen en esta causa. La colectivización de las tierras del campo, la desvinculación de la Iglesia y el Estado, y los reconocimientos autonómicos de País Vasco y Cataluña, eran medidas para obtener una mayor igualdad y justicia social y económica entre la clase obrera y la alta burguesía, y obtener una independencia gubernamental desligada de la Iglesia,  a la vez que eran un peligro y “ataque” directo contra terratenientes que veían diezmadas sus propiedades, poder, y privilegio, un “atentado” contra la unidad nacional para los militares, y una pérdida de privilegios y subvenciones para la Iglesia. Su resultado, como todos conocemos, fue la Guerra Civil.
Por lo tanto, cuando decimos que el actual gobierno, cuyas raíces  y origen se remontan al franquismo, únicamente legisla para defender los intereses de esta minoría privilegiada, no andamos para nada equivocados.
Al hablar de la ley del aborto, podemos encontrar argumento a favor y en contra , más convincentes unos que otros, y carece de interés alguno intenta hacer de cambiar a opinión de alguien, por lo que no entraremos en argucias argumentativas. De lo que realmente se trata, es de imponer una creencia y una moral asumida y compartida por algunos, al conjunto de la sociedad. El retroceso que supuso el régimen franquista y su íntima relación con la Iglesia, fueron una catástrofe en cuanto a los derechos de la mujer que durante la República había adquirido, tales como la ley del divorcio, la incorporación al mundo laboral, o el emprendimiento y desarrollo de negocios por su propia cuenta –derechos inexistentes durante los 40 años de dictadura. Parece que asistimos a un proyecto legislativo horrorosamente similar al desarrollado durante el franquismo: los recortes en ley de dependencia, las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, y la ley del aborto, parecen abocar un retorno de la mujer al hogar, aboliendo su independencia económica, y abocándola al cuidado de mayores y pequeños como en siglos pasados…típico en las sociedades falocéntricas.
Ningún discurso ni argumento es válido cuando el propósito es imponer una creencia a la totalidad de una sociedad, cuando es posible encontrar un espacio de libertad y decisión que respete los valores y creencias de cada persona. Quien quiera abortar que aborte,  y quien no quiera no está obligado a hacerlo. Es igual de absurdo que existiera una ley que obligara dar a luz a fetos con malformaciones o enfermedades sabiendo que no van a llegar a término vivos.  ¿Por qué existe entonces una ley que prohíba abortar a quien así lo considere? ¿Quién es una persona para obligar a otra a hacer algo en contra de su voluntad?
Sin duda, y gracias a las políticas, recortes, abusos y robos que protagonizan nuestros gestores, hay mucha gente que podría contestarles: ¿Qué derecho tengo a traer al mundo a una persona en una realidad tan precaria y hostil, sin la posibilidad de ofrecerle un futuro digno?
En una sociedad heterogénea y supuestamente democrática, la diversidad y libertad de expresión y creencias son factores imprescindibles para enriquecer la cultura y valor social. Cualquier propósito de imposición, prohibición absurda, y apoyo a instituciones no gubernamentales con el propósito de que influyan en el poder ejecutivo debería ser claramente anticonstitucional. Compartir y respetar no es imponer, pues el criterio de rectitud moral es subjetivo, aunque existan espacios compartidos.

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