Según informan los medios, Christie's ha cancelado la venta de los 'mirós', propiedad del Estado portugués y procedente de una colección japonesa, por incertidumbres legales:
"La casa de subastas insiste en que no quiere entrar a discutir quién tiene razón en la disputa (que enfrenta al Gobierno y a la Dirección General de Patrimonio, por un lado, y al Gobierno y a la oposición, por otro) y se limita a asegurar que en las presentes circunstancias es imposible garantizar la seguridad de la compra de sus clientes. Así, añade un capítulo polémico a la ya polémica de por sí (y a veces casi surrealista) subasta de estos 85 cuadros, que presentaban un valor de salida de 35 millones de euros, aunque podían llegar a venderse por 70 millones. Las obras están en poder del Estado portugués después de que en 2008 el Gobierno luso (por entonces del socialista José Sócrates) nacionalizara, para evitar su quiebra, el Banco Portugês de Negócios, que era quien detentaba en la altura los cuadros después de adquirirlos dos años antes como garantía de un fondo de inversión."
Frente a la decisión del Gobierno, han proliferado reacciones con repercusión, incluso, en los ámbitos judiciales. Concretamente, la Dirección General del Patrimonio portugués se ha manifestado contraria a la medida por una razón obvia, que se podría argumentar también en España: el patrimonio histórico-artístico es un recurso de futuro básico no sólo para el desarrollo cultural y educativo; también es fundamental como infraestructura turística... Por desgracia, para que ello fuera factible, serían necesarias políticas culturales diseñadas con sentido común, porque no creo posible rentabilizar el patrimonio histórico-artístico desde el objetivo dogmático de la reducción del déficit. El diario.es publicaba ayer una interesante reflexión sobre el particular.
"La casa de subastas insiste en que no quiere entrar a discutir quién tiene razón en la disputa (que enfrenta al Gobierno y a la Dirección General de Patrimonio, por un lado, y al Gobierno y a la oposición, por otro) y se limita a asegurar que en las presentes circunstancias es imposible garantizar la seguridad de la compra de sus clientes. Así, añade un capítulo polémico a la ya polémica de por sí (y a veces casi surrealista) subasta de estos 85 cuadros, que presentaban un valor de salida de 35 millones de euros, aunque podían llegar a venderse por 70 millones. Las obras están en poder del Estado portugués después de que en 2008 el Gobierno luso (por entonces del socialista José Sócrates) nacionalizara, para evitar su quiebra, el Banco Portugês de Negócios, que era quien detentaba en la altura los cuadros después de adquirirlos dos años antes como garantía de un fondo de inversión."
Frente a la decisión del Gobierno, han proliferado reacciones con repercusión, incluso, en los ámbitos judiciales. Concretamente, la Dirección General del Patrimonio portugués se ha manifestado contraria a la medida por una razón obvia, que se podría argumentar también en España: el patrimonio histórico-artístico es un recurso de futuro básico no sólo para el desarrollo cultural y educativo; también es fundamental como infraestructura turística... Por desgracia, para que ello fuera factible, serían necesarias políticas culturales diseñadas con sentido común, porque no creo posible rentabilizar el patrimonio histórico-artístico desde el objetivo dogmático de la reducción del déficit. El diario.es publicaba ayer una interesante reflexión sobre el particular.
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